Se suponía que los ciudadanos no iban a pagar el cierre de las nucleares, pero ya hay un agujero de 11.600 euros en la factura

Cerrar las nucleares no es solo una decisión política, también un problema económico. La factura del desmantelamiento y los residuos radiactivos supera ya los 20.300 millones de euros, y el debate entre eléctricas y Gobierno no ha hecho más que empezar.

Una factura que no deja de crecer. Según la memoria de Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento, el coste total previsto ya alcanza 20.367 millones de euros. La mayor parte corresponde al desmantelamiento de los reactores, con 17.520,5 millones, mientras que la gestión de los residuos y el combustible gastado, la llamada “tarifa eléctrica”, suma 2.846,8 millones. El resto de actividades, como la gestión de la fábrica de combustible de Enusa en Salamanca, completan la factura.

El fondo que financia estas operaciones, nutrido con aportaciones de las eléctricas, acumulaba 8.677 millones a cierre de 2024, tras la subida del 30% de la tasa Enresa en vigor desde julio del año pasado. Esto significa que solo cubre el 43% del coste previsto, dejando en el aire una brecha de 11.690 millones de euros aún por financiar.

El plan que lo cambió todo. El 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado a finales de 2023, supuso un cambio de escenario al abandonar definitivamente el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas. En su lugar, se ha optado por almacenar los residuos en almacenes temporales independientes (ATI) situados en cada central, a la espera de un almacenamiento geológico profundo (AGP) que debería estar listo en 2072.

El PGRR extiende las previsiones hasta 2100 y retrasa el cierre total del parque nuclear hasta 2035, con Trillo y Vandellós II como últimas centrales en apagarse. A esto se suma la obligación legal de revisar anualmente las previsiones, lo que ajusta los costes a la inflación y a las nuevas condiciones técnicas.

Las eléctricas contra las tasas. Las compañías, encabezadas por Iberdrola y Endesa, aseguran que operar bajo este esquema de costes es inviable. Ambas han presentado recursos en los tribunales contra la subida del 30% de la tasa Enresa y han reclamado compensaciones millonarias. Además, han solicitado que se reabra el calendario de cierre, argumentando que prolongar la vida útil de los reactores aliviaría la presión sobre el sistema eléctrico.

Según un informe de la consultora EY citado por Foro Nuclear, España soporta la carga fiscal nuclear más elevada de Europa, con 27,3 euros por megavatio hora en gravámenes específicos, lo que a juicio de las empresas las coloca en clara desventaja frente a otros países.

La línea roja del Gobierno. El ejecutivo mantiene su posición: los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos no recaerán sobre los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a las eléctricas con tres condiciones para cualquier prórroga del parque nuclear: que no suponga costes adicionales para los ciudadanos, que se garantice la seguridad de suministro y que las plantas cumplan estrictamente con los estándares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Gobierno insiste en que no hay negociaciones formales para alargar la vida de las centrales y acusa a las compañías de intentar trasladar su factura al conjunto de la ciudadanía. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, resumió la posición en declaraciones recogidas por Eldiario.es: “Quieren que parte de los costes del desmantelamiento lo paguemos entre todos, y eso no lo vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”.

Previsiones e incertidumbres. Los costes pueden seguir creciendo. El caso francés es un aviso como han adelantado en ElDiario.es: la agencia Andra revisó en 2025 el coste del AGP Cigéo de entre 26.100 y 37.500 millones, un aumento de hasta un 60% respecto a 2016.

En España tienen preparado el 9.º Plan de I+D (2024-2028) de Enresa contempla 31 millones en investigación para desarrollar contenedores, materiales de confinamiento y recuperar combustible. Una cifra modesta frente a los miles de millones en juego, pero clave para preparar el futuro AGP de 2072 y reducir riesgos a largo plazo. Además, España afronta este calendario en solitario dentro de Europa. Mientras Francia, Suecia o Suiza optan por ampliar la vida de sus reactores o incluso impulsar nuevos proyectos, el PGRR español mantiene un plan de cierre progresivo sin prórrogas previstas.

Un debate que va más allá del cierre. El equilibrio del sistema eléctrico también está presente. Este verano se ha evidenciado una paradoja: récord histórico de producción solar en Europa, pero facturas disparadas por la falta de almacenamiento y la necesidad de recurrir al gas en las horas nocturnas. En ese hueco es donde la nuclear ha jugado hasta ahora un papel de respaldo estable, pero no resuelve ese problema de fondo: solo aplaza el cierre, encarece los costes y agrava la herencia de residuos.

El dilema es claro: ¿se puede prescindir de ella antes de que la red esté preparada para garantizar la misma estabilidad sin disparar el precio de la luz? Para el Gobierno, la respuesta pasa por acelerar renovables, almacenamiento e interconexiones. Para las eléctricas, por mantener las nucleares vivas más tiempo.

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Se suponía que los ciudadanos no iban a pagar el cierre de las nucleares, pero ya hay un agujero de 11.600 euros en la factura

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Alba Otero

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